Ecuador: Doctrina, Conceptos y Disposiciones del Sistema de Seguridad Integral en la nueva Constitución / Bertha García*

Al contrario de Constituciones anteriores, la actual es explícita en materia de seguridad y señala procedimientos claros dentro de una estructura sistémica que debe ser la base del nuevo diseño de una Ley de Seguridad. Existen disposiciones explícitas sobre defensa nacional; seguridad pública; protección de riesgos e “inteligencia estratégica del estado”.

Los conceptos de “soberanía” en sus diversas acepciones deben ser tomados en cuenta ya que expresan intereses prioritarios del Estado. Expresamente, la Constitución (Art. 3. num. 6) dice que un de deber primordial del Estado es “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz,a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. Se trasluce en los textos que la “seguridad integral”, no es un fin en sí mismo sino que está referido a las personas y sus derechos; El Estado el instrumento para garantizarlos. El concepto de seguridad humana definido en el Art. 393, dice que “el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”. “La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

El carácter sistémico del tema de la seguridad, coincide, aunque desde distintas posiciones y motivaciones, con las tendencias recientes en la adopción de verdaderas estrategias integrales -no solo políticas- por parte de los estados, en materia de seguridad, donde la perspectiva sistémica es relevante. Ello ratifica el carácter global de las preocupaciones que se filtran en los procesos sociales y políticos de las sociedades nacionales a través de agentes como los grupos y asociaciones civiles especializadas en derechos humanos, ecología, medio ambiente, paz y desarrollo social. Los cambios de paradigmas y las perspectivas globalizadas han sido más notorios en estas disciplinas y sus correspondientes preocupaciones por el desarrollo social, y menos en el pensamiento y procedimientos “clásicos” sobre seguridad, sujetos a otros factores como las presiones geopolíticas y los apremios de la nueva geoestrategia en configuración, así como a los marcos limitados a los temas de defensa y seguridad pública propiamente dichos, donde las preocupaciones giran en torno a las amenazas clásicas o emergentes.

La seguridad desde las nuevas visiones del desarrollo humano

En los años que corren del siglo XXI han aparecido repentinamente nuevas amenazas y desafíos de carácter global.

Desde el 11 de septiembre del 2002 irrumpió el terrorismo mundial. En 2003 saltó la preocupación sobre los problemas llamados de “seguridad energética” (una combinación de perspectivas y temores sobre una potencial catástrofe ambiental y escasez o manejo geopolítico de los bienes energéticos, que cambiaron las bases del poder de los estados (Rusia se posicionó como el nuevo poder energético habiendo perdido terreno en el poder militar); los esfuerzos en busca de energías alternativas como el bioetanol desencadenaron una crisis alimentaria; la crisis financiera que actual está llegando a convertirse en una crisis económica.

El crimen organizado es incontenible y se alimenta de los hasta hace poco considerados como   amenazas transnacionales como el narcotráfico. Los estados y las instituciones son pulverizados por dentro por la corrupción. Y lo más grave de todo ello es que todos estos elementos mantienen dinámicas relaciones entre sí, siendo difícil entender que es la causa de qué. No es por tanto algo casual constatar que nuevos conceptos se han instalado en los espacios académicos, sociales y políticos donde se busca entender la multicausalidad de los fenómenos del riesgo y sus soluciones. Conceptos como “precaución”, “protección” y el carácter “sistémico e integral” que se aduce tanto a los fenómenos como a los procedimientos y responsabilidades del Estado y la comunidad mundial, y que vienen de las antes mencionadas disciplinas se han introducido en los temas más precisos de seguridad y los podemos ver en la nueva Constitución.

En efecto, si analizamos no solo los textos constitucionales sino también ciertos documentos alusivos a los temas más emblemáticos para esta reflexión: derechos fundamentales y garantías constitucionales” (1) podríamos reconocer matrices teóricas sistémicas, vinculadas a las doctrinas de desarrollo alternativo que se vienen ensayando sobre todo en los países en desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX, y que en los últimos años han recibido mayor atención en documentos y políticas de organismos  internacionales, como el convenio 169 de la OIT, que concierne a los pueblos indígenas y tribales, y los Objetivos del desarrollo del milenio, lanzados en 2000, durante la Asamblea General de la ONU.

En los años 70, en la Fundación Bariloche, poco antes de la “guerra sucia” en Argentina, un notable  grupo interdisciplinario de investigadores sudamericanos, se propusieron responder a la teoría del desarrollo mundial concebido en el Massachussets Institute of Technology (MIT), 1972, llamado “Modelo mundo III, limites al crecimiento”. En respuesta, el libro ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo mundial latinoamericano”, que casualmente no pudo publicarse en tusiano, que afirmaba que ninguna propuesta relativamente igualitaria a nivel mundial tenía sustentabilidad dado que la proporción de los recursos naturales disponibles en el mundo, consumidos por los países centrales, constituía una proporción extremadamente alta, por comparación con dicho consumo en la periferia. La restricción principal para la superación de la pobreza a nivel global, estaba dada por el lado del “agotamiento de los recursos naturales no renovables y el deterioro del medio ambiente” (ambos efectos resultados del exagerado nivel de consumo experimentado en los países ‘más desarrollados’). Para superarlo, el grupo del MIT proponía que los países centrales mantuvieran un crecimiento económico cero, y en la periferia un control y reducción de la población”.(2()  El grupo de la Fundación Bariloche cuestionó la tesis del agotamiento de los recursos naturales como inevitable en el marco de una dinámica social global que tuviera como meta el desarrollo, no entendido simplemente como crecimiento económico en un contexto consumista, sino en una variante orientada a la erradicación de la pobreza de la faz de la tierra. También mostró la utilidad de la noción de ‘necesidades básicas’ como una manera de evaluar estrategias de desarrollo de largo plazo”.

La seguridad desde las perspectivas clásicas: defensa, orden y seguridad pública

En el campo de los estudios, tradiciones y prácticas clásicas de la seguridad en donde el Estado ejerce sus atribuciones de monopolio de la violencia legítima y el manejo de las fuerzas militares, policiales y otros cuerpos de seguridad también se registran cambios importantes como resultado de los procesos globales y políticos, post comienzos de la guerra del Irak. La deslegitimación mundial del uso excesivo y contraproducente de la fuerza, ha afectado a los países más industrializados y poderosos en términos militares, participantes en la alianza bélica en Irak. Algunos como España e Inglaterra ha sufrido los contra efectos del terrorismo en sus propio territorio y ninguno puede considerarse exento de esta amenaza. En ellos el convencimiento del carácter sistémico de las amenazas y desafíos además de la necesidad de establecer relativos espacios de soberanía con respecto a los Estados Unidos les ha llevado a complejos arreglos en el marco de las definiciones nacionales, de las políticas de seguridad europeas y dentro de los compromisos del Pacto intercontinental de la OTAN.

Pero los estándares más significativos en los países del occidente europeo es la tendencia a la  configuración de las nuevas Estrategias Nacionales de Seguridad (ENS) fincadas en los estados especialmente en el poder ejecutivo, con fuertes controles parlamentarios(3). La idea general es mantener fuertes y consistentes estrategias específicamente nacionales, que incluyen arquitecturas de autoridad política e institucional capaces de una intensa y eficaz colaboración entre sí, en tiempo real, desarrollando alternativas que permitan atender bajo un concepto sistémico el conjunto de amenazas y desafíos de carácter cada vez más complejo que enfrentan para contribuir más eficazmente a los esfuerzos de cooperación interestatal, interinstitucional e intercomunitaria que se aprecian como urgentes y necesarios. Esto es, se ha pasado de las políticas de seguridad a las estrategias de seguridad y de la tendencia a confiar en un en un marco supraestatal de seguridad como hasta ahora, a la tendencia a confiar en los marcos interestatales, con acciones e instituciones intraestatales de alta especialización, profesionalización y autoridad. Los Estados deben desarrollar por consiguiente un sistema de complejos de seguridad o subsistemas de seguridad referidos a los distintos campos que integran el uso de la fuerza ante amenazas (defensa y seguridad pública) y los ámbitos que requieren de acciones de protección y precaución (seguridad medioambiental, energética, etc.) con altas disposiciones para la interoperatividad.

En América latina, los estados no han acudido a la práctica de explicitar los conceptos y estrategias de seguridad, y se ha hecho muy difícil cambiar las nociones y las estructuras existentes desde la guerra fría, en gran parte por el peso de las agendas y políticas de seguridad de los Estados Unidos sobre todo durante las administración Bush y por la larga y consagrada tradición de las élites políticas de dejar en manos de los militares la elaboración de las reformas legales e institucionales de la defensa.

En las actuales circunstancias, las diversas disciplinas que abordan la complejidad del mundo actual desde la ciencia y sus diversas aplicaciones a la organización social y las tecnologías, no solo identifican de manera más clara las nociones de riesgo que conllevan sus respectivos campos de estudio, sino que se interesan, a través de las asociaciones civiles, que las asumen como interés social -a veces en sentido militante, como es el caso de las organizaciones ambientalistas- y exigen que las políticas públicas integren medidas específicas para mitigarlas.

En el caso del Ecuador junto con el avance de los Derechos Humanos en esta última década, esas preocupaciones se han introducido en el proceso constituyente que ha vivido el país, a través de las organizaciones de la sociedad civil. Pero un proceso constitucional es más complejo que la mera voluntad o la suma de las conciencias individuales de los legisladores que participaron, o más que el conjunto del mismo cuerpo legislativo. Las ideas presentes en este contexto histórico, las experiencias sociales, las influencias directas o indirectas que se “filtraron” en ese proceso, e incluso el conjunto de elementos aislados constituyen un “producto”  social nuevo que exige un tratamiento con lealtad al espíritu social que lo constituyó. Lo que se quiere decir es que en el caso de la seguridad, una apreciación más rigurosa del contenido debe desprenderse del análisis de la propia Constitución, porque es posible que los autores, como personas individuales, e incluso como “bloques” no hayan podido visualizar (efectivamente parecen no haberlo hecho) el conjunto de elementos innovadores que contribuyeron a elaborar sobre ese tema en particular.

De modo que sacar a la luz la estrategia de seguridad contenida en la Constitución requiere acudir a observaciones históricas más precisas, a los elementos teóricos aportados por las comunidades académicas en estos últimos tres años en el mundo, y constituir este esfuerzo como un hecho político que requiere voluntad de hacer bien las cosas. Por lo menos introducir términos comparativos con procesos semejantes en la región y en el mundo, ya que las amenazas o desafíos a la seguridad es un fenómeno relacional. La Constitución ecuatoriana habla de elaborar en el término de un año, la “ley de seguridad pública y del Estado”, concepto a nuestro juicio indeterminado e inapropiado. Si se lo tratara de entender desde la teoría de la seguridad, sería efectivamente, una nueva Ley de Seguridad Nacional con elementos distintos en comparación con la anterior. Pero consideraciones ideológicas y de carácter oportunista están logrando que la Nueva Ley en elaboración a cargo del Ministerio de Seguridad interna y externa, no tome en cuenta lo que la Constitución contiene. En los próximos números del Boletín, seguiremos desarrollando aspectos de la estrategia de Seguridad contenida en la Constitución.

* Socióloga. Profesora de la PUCE. Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa.

1. http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs//mesa_5/2008/03/24. Declaratoria sobre “Cambio climático, Ecología urbana y energías alternativas”. Guayaquil, marzo 13 de 2008, marzo 24, 2008. mesa 5.

2. Oteiza, Enrique: “El Modelo Mundial Latinoamericano: scriptum – post scriptum”, en: ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano. 30 años después. Bs. As. Centro Internacional para el Desarrollo, 2004.

3. En los últimos años Inglaterra, Alemania han definido sus nuevas Estrategias de seguridad. Francia acaba de hacerlo y España está en camino. Las modalidades de su lanzamiento han sido distintas: a través de un Libro Blanco de seguridad, de una Ley o de una política.

Tomado de  Boletín Bimestral Nº 32  Democracia, Seguridad y Defensa Programa: “Relaciones Civil – Militares” Pontificia Universidad Católica Del Ecuador.

Más información  bjgarcia@uio.satnet.net

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Una respuesta

  1. es una de las mejores garantias que presenta nuestro gobierno nacional el que se ha propuesto, en erradicar el analfabetismo la pobresa y un servicio de eficiencia

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