¡Costa Rica será una gran cárcel! / Rosaura Chinchilla

Con la humildad del buen maestro, don Javier Llobet (Abolicionismo, garantismo y populismo punitivo. LN 12-01-10, pág. 15) explica la diferencia entre abolicionismo y garantismo, términos que se suelen presentar como sinónimos para deslegitimar a quien se oponga al desmantelamiento del Estado Social de Derecho y a que, en su lugar, se instaure un Estado de Policía, autoritario y omnímodo.
Una confusión deliberada. Con todo y lo útil que resulta el ejercicio que hace el profesor Llobet para quienes, recibiendo el bombardeo mediático, desconocen los entretelones de lo jurídico-penal, me parece que en el fondo no se trata de un asunto de ignorancia sino, lo que es peor, de mala fe, pues en no pocas ocasiones quienes hacen aquella asimilación, son graduados de Facultades de Derecho, que algún conocimiento han de tener sobre el tema. Más bien, la abismal diferencia que hay entre eliminar el sistema penal o defender los derechos humanos (de víctimas e imputados) se pasa por alto asumiendo, burda y deliberadamente, poses populistas que, en nuestra América Latina, corren, briosas y desbocadas, por los pasillos de tribunales y parlamentos. VER MÁS…
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Una respuesta

  1. GARANTISMO NO ES ABOLICIONISMO NI ALCAHUETERÍA, SINO UNA FORMA JUSTA Y RACIONAL DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS

    Coincido con el criterio de la distinguida Jurista Rosara Chinchilla en tanto no lo mismo hablar de garantismo que de abolicionismo. Tampoco es posible establecer que el garantismo sea una forma de abolicionismo, ni que constituya una corriente de éste. Tampoco visualizo un paralelismo entre ambos.

    Tanto el discurso abolicionista como el modelo garantista parten de un planteamiento epistemológico y filosófico distinto. Las corrientes abolicionistas (que para empezar no es fácil escudriñar por haber tenido diversos momentos históricos y manifestaciones) pretenden la eliminación del sistema penal, no solo las penas, o las normas penales, sino todo el sistema penal (policías, jueces, ejecutores de la pena, etc…), ese es el ideal, la utopía de los seguidores del abolicionismo, mientras que el garantismo como modelo de Estado y como discurso filosófico- epistemológico propugna a partir de Ferrajoli por un derecho penal mínimo, o de mínima intervención (plasmado de garantías), -derecho penal como la última ratio- ( de ahí el carácter fragmentario del derecho penal), mas no propugnan su eliminación. Se pretende el respeto de los derechos y garantías fundamentales (sustanciales y procesales) de los ciudadanos, para que de esta forma el Estado cause el menor daño posible al infractor. El abolicionismo en cambio busca la deslegitimación total del derecho penal (Así Larrauri)

    Indica el tratadista Iñaki Rivera Beiras en su libro: -La cuestión carcelaria-, que los abolicionistas rechazan la definición de delito, lo definen por su negación, mientras que el Estado concebido por Ferrajoli se fundamenta en el respeto en el respeto efectivo de los derechos individuales. Así el derecho penal tiene una doble función preventiva: la prevención general de los delitos y la prevención general de las penas arbitrarias o desproporcionadas.

    El Dr. Javier Llobet al referirse al tema en una publicación de la Nación del martes 12 de enero de 2010, de manera comprensible expresó a la ciudadanía con sentido que:

    “…debe decirse que el abolicionismo es una corriente criminológica que pretende la eliminación del derecho penal y con ello los medios de coerción física propios de este, incluida la pena de prisión. El garantismo penal, por el contrario, no pretende la eliminación del sistema penal, ya que reconoce la necesidad de este, aunque aboga porque en el sistema penal siga vigente un sistema de protección frente a la arbitrariedad estatal, ya sea de la Policía, del Ministerio Público o los tribunales.

    Así las cosas, no encuentro paralelismo alguno entre ambos discursos, ya que mientras las corrientes abolicionistas niegan el derecho penal, lo garantistas lo tratan de legitimar pero en su mínima expresión de forma tal que cause en menor daño al infractor

    Ahora bien, este tema guarda estrecha relación con el fenómeno del populismo penal.

    Sobre el particular, me gustaría iniciar con otro extracto del comentario del Dr. LLobet en la Nación (ibídem) con relación al populismo punitivo:

    “…El garantismo no solamente se enfrenta con el abolicionismo, sino, también, con el populismo punitivo. Este último pretende la relativización o eliminación de las garantías penales, con la afirmación de que el problema de la criminalidad se debe simplemente a la permisividad y alcahuetería del sistema penal. Desde esta perspectiva, se ha tratado de desprestigiar el garantismo penal, al señalar que sus defensores repudian a las víctimas, que más bien les estorban….”

    Es claro que la tendencia en Costa Rica es hacia una expansión del derecho penal, propio de un populismo penal acelerado en los últimos tiempos, que se ha traducido en la creación y proliferación de nuevos tipos penales (protección del medio ambiente, delitos económicos, bursátiles…), tipos penales en blanco, delitos de peligro abstracto, adelantamiento de la punibilidad, establecimiento de penas de prisión más largas y duraderas con el único ánimo de la represión por la represión.

    Cualquier intento académico-intelectual en Costa Rica por hablar de “garantismo”, de defender derechos y garantías del “ciudadano=imputado=persona”, de la educación del delincuente, de la inversión de programas sociales, de construir una política criminal proporcionada, equilibrada, técnica, responsable, encaminada a garantizar los derechos humanos es mal vista, criticada, despedazada, descuartizada y calificada por los opositores (grupos de poder, élites políticas y económicas nacionales, locales y regionales dado el tema de la globalización), como alcahuetería de los delincuentes, estorbo a la eficiencia de la pena de prisión y una ofensa grave a la seguridad de la nación.

    Lo más preocupante es que no necesitan fundamentar su discurso, el cual está ayuno de inteligencia, de análisis dogmático- penal. Y es que no lo necesitan, es un discurso popular. Y dicen para qué invertir recursos en esos vagos que están “cómodamente instalados en sus celdas?, mejor impongamos penas más duras, más crueles, que les duela, mano dura!!!, trabajos forzados!!!, pena de muerte!!!, etc…etc…

    Creo todo lo contrario del discurso populista, y en ese sentido coincido con el pensamiento del profesor Alfredo Chirino, quien en una entrevista el 2 de setiembre de 2009, en el Semanario Universidad, trajo a colación una cita de Pedro Dorado Montero, que dice “La mejor política criminal es la política social”, como parte del inicio de la discusión universitaria en torno al papel del Estado.

    Lamentablemente vamos por el camino equivocado, creando leyes sin sentido, al calor neo-punitivista del momento, criminalizando la pobreza en lugar a atacar sus causas, con lo que no quiero decir que la pobreza y la exclusión social sean el único motivo de la criminalidad, porque bien sabemos de su carácter multifactorial, lo que pretendo decir es que el derecho penal como sustituto de la política social no es el remedio adecuado para atacar el problema, ni siquiera un buen paliativo. Inclusive me atrevo a afirma que puede resultar “más caro y doloroso” el remedio que la enfemedad.

    Por ende, no cabe que en Costa Rica “le estamos haciendo la ola y propaganda gratis” a la tendencia neo-punitivista, como una moda y lo peor cada día crece en adeptos (mal o defectuosamente informados), y los resultados están a vista:

    -Creación de normas y sanciones al calor del momento –previa presentación de mociones legislativas insensatas, manoseadas por los familiares de las víctimas- claro está y sin ninguna técnica legislativa.

    -Severas violaciones a los derechos humanos por parte de policías y funcionarios administrativos y judiciales corruptos o ineficientes en las aprehensiones, decomisos, allanamientos, etc…

    -Dictado de sentencias (de prisión preventiva y condenatorias a largas penas de prisión) infundadas, pero si bastamente promovidas por la prensa.

    -Irrespeto de las garantías procesales, algunos juicios son ya simbólicos –dependiendo del tema-, se llevan y a la vez no se llevan cabo, muchas veces el imputado no ha entrado a la sala de juicio cuando ya está condenado, por la prensa, por el papá de la víctima, por el abuelo, el tío, el sobrino, la pareja informal, etcètera. El juez solo debe confirmar la “sentencia popular condenatoria.”

    -Juicios en los cuales la defensa se considera “un estorbo”, una pérdida de tiempo, de recursos y pero aún aquellos defensores que “blasfeman” y se desgastan hasta el límite hablando de garantías y de un Estado democrático de derecho, mientras algunos administradores de justicia se ríen, otros se duermen ó simplemente no escuchan esa “paja garantista”, solo esperan el almuerzo para decidir ¿Cuántos años le ponemos al greñudo al vestido?

    Pero que intereses están detrás de esta tendencia, es para meditar y reflexionar. Por el momento no olvidemos, el lucrativo negocio de las armas, la intención de construir cárceles privadas, el tema de la seguridad privada, el negocio de la prensa, y muchos otros que pueden estar interesados en que el tema se siga manejando de esta forma.

    Los Gobiernos –en sentido amplio- y sus sistemas de justicia, deben encausar –al menos los que añoran estar cubiertos por la ilusión de un Estado democrático de derecho-, sus esfuerzos, recursos y creaciones intelectuales al servicio de la humanidad, de la justicia, caracterizada por el respeto de la dignidad humana en su máximo esplendor, la humanización de los procesos de juzgamiento y criminalización, la oportunidad de defensa, la valoración objetiva y racional de las pruebas, a evitar la discriminación, la segregación y la estigmatización de grupos o personas. Garantizar un juicio previo y no una sentencia previa (prisión preventiva) es trabajo de los operadores de justicia. La clave es valor, carácter crítico, humanidad e inteligencia.

    El sistema de justicia no debe degradarse ni ceder espacio a las vanidades, intereses o tumultos sociales, porque un sistema de esa categoría –antigarantista y deshumanizado, cruel, anacrónico, indiferente a los derechos del imputado, está en contra de toda sociedad civilizada, y en contra de la esencia misma del ser humano.

    ¿Y es que quién nos garantiza que nosotros mismos no terminemos siendo víctimas del sistema ante una acusación injusta?

    ¿Y así si vamos a decir: Y LAS GARANTÍAS Y MIS DERECHOS???

    Por: Lic. Erick Barrios Sancho
    Abogado y Estudiante Maestría Ciencias Penales
    Universidad de Costa Rica

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