México: Enrique Peña Nieto y la seguridad: poder o derecho / Ernesto López Portillo

El inicio de la administración de Enrique Peña Nieto es oscuro en materia de seguridad. Los operadores del gabinete correspondiente hablan poco ante reflectores, más allá de declaraciones generales y algunos trazos operativos, cual es el caso de la anunciada regionalización. Los días pasan y no se agrega información pública sobre la manera como el nuevo gobierno define los fenómenos de la inseguridad y la violencia; tampoco hay noticias en torno a la interpretación de lo que encontraron en el descomunal aparato montado por el equipo del presidente Felipe Calderón. Por lo demás, nada sabemos sobre algo que pueda entenderse como un proyecto para la recuperación de la paz. El trasfondo denota señales que presagian un posible futuro que nos regrese al pasado. Nuevo sexenio, vieja seguridad.

La primera señal preocupante es el propio silencio. Estamos ante una estrategia de comunicación que disminuye la visibilidad de la inseguridad y la violencia. Lo anterior no es bueno o malo en sí mismo, si bien sería terrible que estemos ante una acción evasiva para manipular al auditorio, a partir de la certeza de que son problemas cuya gravedad y profundidad solo provocan desgaste en su tratamiento. Desde luego la inseguridad y la violencia no se van porque no se hable de ellas, pero sin duda se les puede resignificar a la baja sacándolas del centro del discurso público del nuevo gobierno. Mera especulación, cierto, pero la política pasa quizá más que nunca justo por la construcción y manipulación de auditorios. No recordarlo sería extremadamente ingenuo. De hecho, los expertos de la comunicación política, hasta donde sé, en efecto recomiendan salirse o bajar el perfil de los temas que menos éxito potencial presentan. Empero, al menos en teoría y en la norma las agendas de un gobierno democrático deben representar a los gobernados. Y es aquí donde el asunto cambia de tono porque la pregunta que debemos hacer es otra: ¿cómo contextualiza el gobierno de Peña Nieto a la inseguridad y la violencia, en el marco de nuestro régimen constitucional democrático y de derechos? Habrá quien cree que esto es mera teoría. Todo lo contrario, se trata de los fundamentos mismos del ejercicio de gobierno. El discurso del presidente ha significado la promoción y el respeto a los derechos humanos a la manera de clave transversal a su administración. En consecuencia, el diseño e implementación de las políticas públicas y las prácticas institucionales deben orientarse por dicha clave.

La seguridad es un derecho humano en sí mismo y es también un derecho instrumental que hace posible el ejercicio de otros derechos humanos. Ya se sabe bien, por tanto, que no hay contradicción posible entre aquélla y éstos. Pero también se sabe que en los hechos el equilibrio entre las normas, políticas, instituciones y prácticas de la seguridad y los derechos humanos es un desafío descomunal, incluso para las democracias más acreditadas. Por eso, la primera pregunta para el nuevo gobierno federal se dirige a descifrar su comprensión de la inseguridad y la violencia, pasada por el filtro de racionalidad que imponen los principios y mandatos de nuestro régimen democrático de derechos. El silencio del que antes hablé podría ser una mala señal porque puede ser nada menos que la expresión simbólica de una actitud política que significa a la seguridad no como un derecho, sino como un poder; a la seguridad como el resultado del quehacer de las instituciones públicas responsables, no como la consecuencia de mecanismos de coproducción a manos del gobierno y los gobernados. Véase por caso el proyecto de creación de la gendarmería, iniciativa que ya forma parte del Pacto por México y cuya justificación simplemente es desconocida por la sociedad. América Latina lucha por salir de la militarización de la seguridad, luego de costos humanos atroces, mientras México día a día amplifica la influencia de las fuerzas armadas. ¿Poder o derecho humano? ¿Qué es la seguridad para el presidente Enrique Peña Nieto?

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