Ninguna frase refleja mejor la indiscutible fractura que existe entre policía y sociedad como aquella que sugiere que ante la actual crisis de inseguridad “lo mejor sería deshacernos de las policías municipales”. Casos indignantes como el de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran tras un enfrentamiento a balazos con la policía local, sirven para alimentar la desconfianza y recordarnos que en nuestro país no existe tal cosa como el imperio de la ley, y que esta última es igualmente violada por grupos criminales que por aquellos encargados de prevenir el delito y proteger a la población.
La doble tragedia de Ayotzinapa (la primera ocurrió en 2011, cuando una protesta de estudiantes del mismo plantel fue dispersada por agentes federalesy estatales dejando un saldo de dos estudiantes muertos, tres heridos, 42 detenciones arbitrarias y cero autoridades investigadas y sancionadas) se suma a un sinfín de sucesos traumáticos en los que la ciudadanía ya no sólo se reconoce azotada por la delincuencia, sino victimizada por el Estado. VER MÁS…
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Seguridad ciudadana en las Américas: Tendencias y políticas públicas 
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