Perú: PJ propone reducir responsabilidad penal para sicariato adolescente

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, dijo que ante los constantes casos de asesinatos por encargo cometidos por menores de edad, el Congreso debería reducir la edad mínima para ser imputado penalmente de 18 a 16 años.

Durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Mendoza indicó que un cambio en la legislatura por este tema no sería desatinado, pues ya en varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Cuba, los adolescentes de 16 años son responsables por los actos delictivos que cometen.VER MÁS…

México tóxico / Alberto Aziz Nassif

El país ha entrado de nuevo en una faceta en donde en unos cuantos días nos llenamos de terribles noticias de violencia: ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya (22 personas), asesinatos en Iguala, asesinato de normalistas de Ayotzinapa (17 alumnos de 43 desaparecidos); asesinato de un diputado del PRI y asesinato del secretario del PAN en Guerrero. Al mismo tiempo, el INEGI publica los datos de su última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2014) y nos enteramos del crecimiento en 2013 de los delitos de extorsión, robo y secuestro (El Universal, 1/X/2014). VER MÁS…

América Latina: Cómo responder al crimen organizado y dejar atrás la guerra contra las drogas / Juan Carlos Garzón / Woodrow Wilson Center

¿Son la violencia y el crimen asociados a la delincuencia organizada problemas que no tienen solución? En un nuevo informe del Global Fellow del Woodrow Wilson Center, Juan Carlos Garzón, el autor sostiene que es hora dejar atrás la idea de que no hay respuesta posibles para hacer frente a estos desafíos. Sobre la base de una mejor comprensión de las economías criminales, Garzón sugiere como primera paso reorientar las respuestas del Estado a la reducción del daño que generan, asumiendo como una prioridad la seguridad de los ciudadanos. Bajo esta perspectiva, los limitados recursos públicos se deben reorientar hacia las amenazas más graves, dando prioridad a la reducción de la tasa de homicidios. Como afirma Garzón “Es hora de que América Latina deje de ser la región más violenta del mundo”.

¿Cómo se puede conseguir este objetivo? El estudio de Garzón, “Cómo responder al crimen organizado y dejar atrás la ‘guerra contra las drogas’”, identifica y sugiere algunos enfoques alternativos que pueden ayudar a las instituciones a encontrar formas más eficientes y eficaces para hacer frente a la delincuencia y la violencia. Los desafíos y propuestas contenidos en esta publicación son el resultado de decenas de conversaciones con policías, fiscales, jueces, funcionarios públicos, académicos, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales a lo largo de América Latina. Esta iniciativa es una invitación a pensar en nuevos enfoques para hacer frente a los desafíos de seguridad que enfrenta la región mediante la reducción de la delincuencia y el aumento de la seguridad ciudadana, dejando atrás los enfoques tradicionales ligados a la mano dura. VER MÁS…

Colombia: Negociar con criminales / Editorial El Colombiano

Ayer, finalmente, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, formalizó el anuncio de una próxima iniciativa legislativa que, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, radicará en el Congreso de la República para reformar -por enésima vez- el Código de Procedimiento Penal. El objetivo: incorporar normas que permitan a la Fiscalía negociar el sometimiento a la justicia de integrantes y capos de las bandas criminales.

De inmediato, para atajar preguntas incómodas pero ineludibles, el fiscal Montealegre precisó que no se trata de otra modalidad de justicia transicional, como la que beneficiará a las Farc; que no se les dará a las bacrim reconocimiento político ni estatus de combatientes, y que no habrá un proceso de diálogos como los de La Habana. VER MÁS…

Brasil: Cultura do sadismo / Robert Muggah

A forma como uma sociedade cuida de sua população carcerária é um bom indicador de seus valores e civilidade. Uma rápida inspeção do sistema penal no Brasil revela uma cultura beirando o sadismo. O País possui a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 550 mil presos ocupando uma área projetada para menos de 300 mil. Quase metade deles aguarda julgamento durante o cárcere que chega a durar períodos muito longos. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional Bar Assn.’s Human Rights revelou que um em cada cinco presos à espera de julgamento foi preso indevidamente. Quase um terço de todas as mortes de presos é resultado de homicídio, seis vezes maior do que a taxa do País. MAIS…

Uruguay: Penas alternativas a la prisión se multiplicaron por ocho en un año

Hace un año, 129 penados por la ley de faltas o procesados cumplían medidas alternativas a la prisión; hoy son 1.052 los beneficiarios que lograron evitar los barrotes

Uruguay tiene la tasa de reclusión más alta de América Latina. Cada 100 mil uruguayos, 281 están tras las rejas. La población carcelaria aumenta gobierno tras gobierno, pero, desde el año pasado, una cárcel alternativa y poco visible comenzó a crecer de forma sostenida. Esta cárcel no tiene barrotes y en ella cumplen su pena quienes cometieron faltas o fueron penados con medidas alternativas a la prisión.La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), creada en 2010, que se encarga de que se cumplan las sentencias cuando los jueces imponen medidas sustitutivas a la prisión, aumentó su trabajo de forma exponencial desde que entró en vigor la ley de faltas, en agosto de 2013, y, fundamentalmente, desde que la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos que intentaban declararla inconstitucional, en marzo de este año.A la OSLA llegan penados por la ley de faltas o procesados que deben cumplir trabajos comunitarios, desde pintar una escuela hasta barrer una calle, y también procesados con prisión domiciliaria, con medidas curativas o con restrictivas (como el impedimento a acercarse a otra persona o concurrir a espectáculos públicos).  VER MÁS…

Uruguay: Nueve medidas sustitutivas para los procesados

Tres jueces penales explican cuándo recurren a ellas y por qué.

En diciembre de 2003, el Parlamento aprobó la ley 17.726, que permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión. De acuerdo a lo establecido por ese texto, las medidas se aplican con el consentimiento del procesado y en los casos en los cuales el juez considere que la gravedad del delito no amerita una sentencia de prisión.La jueza penal Beatriz Larrieu explicó a El Observador que las medidas sustitutivas se aplican a los procesados primarios no reincidentes, aunque siempre a pedido del Ministerio Público. De todas maneras, Larrieu aclara que personalmente siempre intenta aplicarlas. El también juez penal Carlos García coincidió con esa postura y agregó que en los casos en los que es posible aplicarlas, las utiliza “de cajón”. Por su parte, la jueza Julia Staricco explicó que es “una regla” la aplicación de las medidas alternativas, siempre que quepa la opción.En 2013, Larrieu ordenó 17 medidas sustitutivas; García, 47; Staricco, 90. El juez penal de Montevideo que ordenó más cantidad de medidas sustitutivas a la prisión fue Juan Fernández Lecchini, con 132 medidas.Naciones Unidas y el Ministerio del Interior han criticado a los jueces por no aplicar este tipo de medidas y, en contrapartida, abusar de la prisión preventiva.VER MÁS…

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