Perú: PJ propone reducir responsabilidad penal para sicariato adolescente

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, dijo que ante los constantes casos de asesinatos por encargo cometidos por menores de edad, el Congreso debería reducir la edad mínima para ser imputado penalmente de 18 a 16 años.

Durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Mendoza indicó que un cambio en la legislatura por este tema no sería desatinado, pues ya en varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Cuba, los adolescentes de 16 años son responsables por los actos delictivos que cometen.VER MÁS…

El Salvador: Ante una criminalidad cada vez más audaz debe haber una institucionalidad cada vez más eficaz / Editorial La Prensa Gráfica

Cuando se llega a extremos como los que ahora mismo se están dando en el país con tanta persistencia y desfachatez, no puede ser válida ninguna evasiva para dejar de hacer lo que se tiene que hacer y en la forma en que se tiene que hacer.

El crimen, en sus distintas manifestaciones, gana cada día más terreno en el atribulado ambiente nacional. Esto no es de hoy, pero en la medida que el tiempo pasa las condiciones de inseguridad generalizada se complican y empeoran, a costa de lo que sea. Como bien han señalado las autoridades el fenómeno delincuencial no es el mismo en todas las comunidades del país, pues hay muchas que están prácticamente libres de tal flagelo, aunque el número de las mismas va disminuyendo porque la criminalidad es expansiva si no encuentra los frenos adecuados. Frente a una situación como esta, la urgencia ciudadana no le da tregua a la institucionalidad responsable. VER MÁS…

El Salvador: “La separación fue indispensable para conservar el control de los centros penales” / Entrevista con Rodolfo Garay Pineda, exdirector de Centros Penales (1989-2004) / Roberto Valencia

Los cuatro presidentes del partido Arena lo tuvieron como director general de Centros Penales; no ha habido un alto funcionario que haya dedicado tanto tiempo a la administración del sistema penitenciario en El Salvador. Bajo su gestión se concibió, se gestó y dio sus primeros pasos la polémica segregación de pandilleros en cárceles exclusivas.

[Esta entrevista es un apéndice del reportaje 'El país que entregó las cárceles a sus pandilleros'. Si no lo ha hecho, le recomendamos leerlo primero.]

Si algo hay que reconocerle a Rodolfo Garay Pineda es valentía; valentía para proclamar sin matices que él fue el máximo responsable de que el Estado salvadoreño destinara cárceles para albergar solo a integrantes de una misma pandilla. Podría haber señalado a sus superiores, a tal o cual ministro, o incluso podría haberse hecho el loco, pero no. Quien fuera el máximo responsable de la Dirección General de Centros Penales entre 1989 y 2004 se atribuye la paternidad de la medida (“Clasificar, separar y reubicar a las pandillas en centros penitenciarios distintos fue una decisión de la Dirección General de Centros Penales”, dice sin titubear), lo hace incluso con orgullo, y solo concede, quizá por modestia, que cada uno de los movimientos masivos los consultaba primero con los directores de los penales afectados, y que los hacía del conocimiento del ministro de turno. VER MÁS…

Latin America: Changing the Drug Policy Narrative / Robert Muggah 

Change is the air. Latin American opinion and decision-makers are pressing for a new approach to global drug policy. For one, they are calling for an end to militarized strategies that have contributed to soaring organized violence and swelling prisons. Meanwhile, they are proposing new approaches that put the health, safety and rights of people at the center of paradigm.

In short, they are changing the narrative.

One of the most influential voices of this new generation of drug policy reformers is Colombian President Juan Manuel Santos. After decades of fighting a war on drugs, the former Defense Minister is pushing for alternative approaches emphasizing crop-substitution, harm reduction, and decriminalization. SEE MORE…
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Brazil Can Put Safety and Justice at the Heart of Global Development / Robert Muggah

The future of global development policy is being hotly debated in New York over the coming months. Governments from 193 countries are negotiating the form and content of the so-called Sustainable Development Goals, or SDGs. These new benchmarks will replace the eight Millennium Development Goals that expire in 2015. Most diplomats agree on the importance of including core development priorities into the future SDGs including ending poverty and hunger, ensuring healthy lives and quality education, and guaranteeing access to water and energy. Many also believe that peace, security and justice, controversial and difficult to measure though they may be, must be explicitly recognized as development priorities in their own right. SEE MORE…

México: Proponen figura de “juez de ejecución penal” para evitar extorsiones en penales

En medio de la implementación de la Reforma Penal, expertos reclaman una legislación efectiva que regule las condiciones de vida en las prisiones. Las familias denuncian que los guardias les cobran por visitar a sus reclusos.

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Todavía quedan más peajes. 50 pesos por traer determinada comida o fruta, otros 20 cuando dejas la credencial, otros 20 para evitar vejaciones cuando te esculcan. Las familias de los internos en muchos reclusorios del país tienen que pagar extorsiones para ver a sus seres queridos en día de visita.VER MÁS…

Brasil: Sancionada lei que permite porte de arma a agentes e guardas prisionais

Lei limita o direito ao porte de armas aos profissionais fora de serviço.

A lei que permite o porte de arma para agentes e guardas prisionais foi sancionada nesta quarta (18) pela presidenta Dilma Rousseff. O texto, que altera trechos do Estatuto do Desarmamento, que tratava sobre o tema, limita, porém, o direito ao porte de armas fora de serviço a apenas esses profissionais. O direito ainda passou a ser exclusivo dos agentes que trabalham sob regime de dedicação exclusiva, ou seja, que, por acordo contratual, exerçam apenas essas atividades e atuem apenas em instituições prisionais. Quando a matéria estava tramitando no Congresso, alguns parlamentares tentaram incluir o direito ao porte fora de serviço para agentes portuários, mas o Palácio do Planalto, que já tinha descartado essas extensões, reafirmou sua posição. No início do ano passado, Dilma vetou integralmente o Projeto de Lei 87/2011, que previa o porte de arma a agentes e guardas prisionais, a integrantes das escoltas de presos e às guardas portuárias. MAIS…

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