El Salvador: El país que entregó las cárceles a sus pandilleros / Roberto Valencia

Este martes 2 de septiembre se cumplen 10 años desde que el Estado salvadoreño asignó cárceles exclusivas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. La medida es hoy señalada por académicos e investigadores como una de las que provocó la radicalización del fenómeno de las maras, pero muy pocas voces la adversaron mientras se gestaba. Casualmente, el aniversario llega en medio de un incipiente debate sobre si revertir la segregación es viable o no.

El 2 de septiembre de 2004 no es fecha que se estudia en escuelas ni está en libros de la historia reciente de El Salvador; ni siquiera los expertos en seguridad la tienen muy presente. Pero aquel día se consumó un hecho trascendental: aquel día el Estado elevó a la categoría de política pública la entrega de cárceles exclusivas a las principales pandillas, una arriesgada medida que ningún otro país de la región se atrevió a replicar. VER MÁS…

Uruguay: Exreclusos que tienen empleo reinciden casi nueve veces menos

Reincidencia es del 52%, pero entre quienes trabajan es inferior a 7%.

Las autoridades del Ministerio del Interior están convencidas de que deben ayudar a conseguir empleo a las personas privadas de libertad como forma de favorecer su inserción en la sociedad y bajar los índices delictivos. Según datos oficiales, el 52% de los reclusos vuelven a delinquir una vez que son liberados. No obstante, entre los reclusos que consiguen un empleo a través Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, ese guarismo baja a entre 5% y 7%, dijo a El Observador su directora Patricia Peralta. En los últimos dos años, el Patronato incorporó a programas laborales a 650 exreclusos. Al inaugurar el jueves la nueva sede de la Asociación de Víctimas de la Delincuencia y Mujeres de Negro, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que el gobierno tomó el modelo carcelario y de rehabilitación español.VER MÁS…

México: Cárcel por fomentar violencia ante niños; Peña Nieto anuncia iniciativa preferente

La propuesta presidencial también castiga el bullying y crea una procuraduría federal de protección a menores.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión una iniciativa preferente en la que sanciona la omisión ante el bullying y multa hasta con 18.8 millones de pesos y castiga hasta con cuatro años de cárcel a quien fomente la cultura de la violencia, lesione los derechos de privacidad de los menores o cometa apología del delito.

Por primera ocasión, el mandatario usó su derecho constitucional a una iniciativa preferente, en la cual propone la creación de una procuraduría federal de protección a los menores, así como el nacimiento del Sistema Nacional de Protección, instancias que se coordinarán con el DIF. VER  MÁS…

Brasil: Cultura do sadismo / Robert Muggah

A forma como uma sociedade cuida de sua população carcerária é um bom indicador de seus valores e civilidade. Uma rápida inspeção do sistema penal no Brasil revela uma cultura beirando o sadismo. O País possui a quarta maior população carcerária do mundo, com cerca de 550 mil presos ocupando uma área projetada para menos de 300 mil. Quase metade deles aguarda julgamento durante o cárcere que chega a durar períodos muito longos. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional Bar Assn.’s Human Rights revelou que um em cada cinco presos à espera de julgamento foi preso indevidamente. Quase um terço de todas as mortes de presos é resultado de homicídio, seis vezes maior do que a taxa do País. MAIS…

Brazil: Cop cams go global / Robert Muggah

Brazil´s military police have long equated law enforcement with warfare. But there are signs that the status quo is changing, and worldwide.

On 14 July last year, military police arrested Amarildo de Souza, an unemployed bricklayer. He was picked-up from the front doorstep of his home in Rocinha, Rio de Janeiro’s sprawling favela, reputedly the largest slum in all of South America. He was taken to the headquarters of the neighborhood´s pacification police unit, deployed there two years earlier. There he was tortured to death by the police and his body was never recovered.

The pacification police were originally intended to inject a community-oriented ethos into law enforcement. The idea was radical for a city used to being policed by thugs. The first goal of pacification is to recover slums controlled for decades by drug traffickers, and the second is to then win the hearts and minds of local residents. The tragic case of Amarildo, however, exposes the grave shortcomings of one of the world’s most fascinating police experiments. SEE MORE…

Uruguay: Penas alternativas a la prisión se multiplicaron por ocho en un año

Hace un año, 129 penados por la ley de faltas o procesados cumplían medidas alternativas a la prisión; hoy son 1.052 los beneficiarios que lograron evitar los barrotes

Uruguay tiene la tasa de reclusión más alta de América Latina. Cada 100 mil uruguayos, 281 están tras las rejas. La población carcelaria aumenta gobierno tras gobierno, pero, desde el año pasado, una cárcel alternativa y poco visible comenzó a crecer de forma sostenida. Esta cárcel no tiene barrotes y en ella cumplen su pena quienes cometieron faltas o fueron penados con medidas alternativas a la prisión.La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), creada en 2010, que se encarga de que se cumplan las sentencias cuando los jueces imponen medidas sustitutivas a la prisión, aumentó su trabajo de forma exponencial desde que entró en vigor la ley de faltas, en agosto de 2013, y, fundamentalmente, desde que la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos que intentaban declararla inconstitucional, en marzo de este año.A la OSLA llegan penados por la ley de faltas o procesados que deben cumplir trabajos comunitarios, desde pintar una escuela hasta barrer una calle, y también procesados con prisión domiciliaria, con medidas curativas o con restrictivas (como el impedimento a acercarse a otra persona o concurrir a espectáculos públicos).  VER MÁS…

Uruguay: Nueve medidas sustitutivas para los procesados

Tres jueces penales explican cuándo recurren a ellas y por qué.

En diciembre de 2003, el Parlamento aprobó la ley 17.726, que permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión. De acuerdo a lo establecido por ese texto, las medidas se aplican con el consentimiento del procesado y en los casos en los cuales el juez considere que la gravedad del delito no amerita una sentencia de prisión.La jueza penal Beatriz Larrieu explicó a El Observador que las medidas sustitutivas se aplican a los procesados primarios no reincidentes, aunque siempre a pedido del Ministerio Público. De todas maneras, Larrieu aclara que personalmente siempre intenta aplicarlas. El también juez penal Carlos García coincidió con esa postura y agregó que en los casos en los que es posible aplicarlas, las utiliza “de cajón”. Por su parte, la jueza Julia Staricco explicó que es “una regla” la aplicación de las medidas alternativas, siempre que quepa la opción.En 2013, Larrieu ordenó 17 medidas sustitutivas; García, 47; Staricco, 90. El juez penal de Montevideo que ordenó más cantidad de medidas sustitutivas a la prisión fue Juan Fernández Lecchini, con 132 medidas.Naciones Unidas y el Ministerio del Interior han criticado a los jueces por no aplicar este tipo de medidas y, en contrapartida, abusar de la prisión preventiva.VER MÁS…

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