IDB: Looking for Citizen Security Principal/Lead Specialist

The IDB is looking for a Citizen Security Principal/Lead Specialist, who will be responsible for overseeing all IDB operations in Uruguay, developing and delivering knowledge services, and providing technical guidance and quality control to the activities of the IDB Citizen Security and Justice Team in the entire South America region.  This role includes key responsibilities in high-level policy dialogue, in-depth technical knowledge, demonstrated operational experience and effective influencing and coordinating competencies. SEE MORE…

 

Uruguay: decidirá si alguien de 16 años puede ser juzgado como adulto

En Uruguay, el país más seguro de Latinoamérica, la inseguridad pública es la principal preocupación de la población. En las elecciones nacionales del domingo, los uruguayos también se pronunciarán sobre un plebiscito que busca bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años en caso de delitos graves.

Según la última encuesta de Equipos Mori, difundida la semana pasada, el 54% de los uruguayos está a favor de la reforma pero otro sondeo de Interconsult difundido el martes indica que solo el 41% de los encuestados planea respaldarla. Para ser aprobada la iniciativa debe contar con el 50% más uno del total de votos.VER MÁS…

Uruguay: Exreclusos que tienen empleo reinciden casi nueve veces menos

Reincidencia es del 52%, pero entre quienes trabajan es inferior a 7%.

Las autoridades del Ministerio del Interior están convencidas de que deben ayudar a conseguir empleo a las personas privadas de libertad como forma de favorecer su inserción en la sociedad y bajar los índices delictivos. Según datos oficiales, el 52% de los reclusos vuelven a delinquir una vez que son liberados. No obstante, entre los reclusos que consiguen un empleo a través Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, ese guarismo baja a entre 5% y 7%, dijo a El Observador su directora Patricia Peralta. En los últimos dos años, el Patronato incorporó a programas laborales a 650 exreclusos. Al inaugurar el jueves la nueva sede de la Asociación de Víctimas de la Delincuencia y Mujeres de Negro, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que el gobierno tomó el modelo carcelario y de rehabilitación español.VER MÁS…

Uruguay: Penas alternativas a la prisión se multiplicaron por ocho en un año

Hace un año, 129 penados por la ley de faltas o procesados cumplían medidas alternativas a la prisión; hoy son 1.052 los beneficiarios que lograron evitar los barrotes

Uruguay tiene la tasa de reclusión más alta de América Latina. Cada 100 mil uruguayos, 281 están tras las rejas. La población carcelaria aumenta gobierno tras gobierno, pero, desde el año pasado, una cárcel alternativa y poco visible comenzó a crecer de forma sostenida. Esta cárcel no tiene barrotes y en ella cumplen su pena quienes cometieron faltas o fueron penados con medidas alternativas a la prisión.La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), creada en 2010, que se encarga de que se cumplan las sentencias cuando los jueces imponen medidas sustitutivas a la prisión, aumentó su trabajo de forma exponencial desde que entró en vigor la ley de faltas, en agosto de 2013, y, fundamentalmente, desde que la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos que intentaban declararla inconstitucional, en marzo de este año.A la OSLA llegan penados por la ley de faltas o procesados que deben cumplir trabajos comunitarios, desde pintar una escuela hasta barrer una calle, y también procesados con prisión domiciliaria, con medidas curativas o con restrictivas (como el impedimento a acercarse a otra persona o concurrir a espectáculos públicos).  VER MÁS…

Uruguay: Nueve medidas sustitutivas para los procesados

Tres jueces penales explican cuándo recurren a ellas y por qué.

En diciembre de 2003, el Parlamento aprobó la ley 17.726, que permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión. De acuerdo a lo establecido por ese texto, las medidas se aplican con el consentimiento del procesado y en los casos en los cuales el juez considere que la gravedad del delito no amerita una sentencia de prisión.La jueza penal Beatriz Larrieu explicó a El Observador que las medidas sustitutivas se aplican a los procesados primarios no reincidentes, aunque siempre a pedido del Ministerio Público. De todas maneras, Larrieu aclara que personalmente siempre intenta aplicarlas. El también juez penal Carlos García coincidió con esa postura y agregó que en los casos en los que es posible aplicarlas, las utiliza “de cajón”. Por su parte, la jueza Julia Staricco explicó que es “una regla” la aplicación de las medidas alternativas, siempre que quepa la opción.En 2013, Larrieu ordenó 17 medidas sustitutivas; García, 47; Staricco, 90. El juez penal de Montevideo que ordenó más cantidad de medidas sustitutivas a la prisión fue Juan Fernández Lecchini, con 132 medidas.Naciones Unidas y el Ministerio del Interior han criticado a los jueces por no aplicar este tipo de medidas y, en contrapartida, abusar de la prisión preventiva.VER MÁS…

Uruguay: Empresarios y marihuana: “Nos trasladan a nosotros el problema”

Firmas extranjeras preocupadas por ley que regula la marihuana. “El decreto lejos de sancionar como falta grave el consumo de cannabis en el lugar de trabajo lo termina contemplando”…

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) recibió varias consultas de empresas extranjeras, algunas multinacionales, preocupadas porque entienden que la ley que reglamentó la producción y consumo de marihuana “vulnera sus libertades” en cuanto a la forma de actuar frente al caso de trabajadores que sean encontrados en sus labores bajo los efectos del cannabis, reveló a El Observador el gerente de esa gremial empresarial, Claudio Piacenza. VER  MÁS…

 

Uruguay: ¿Marihuana sin impuestos? / Andrés Oppenheimer

En Uruguay hay que pagar el equivalente de un impuesto a los artículos suntuarios para comprar una gaseosa, cerveza o cigarrillos, pero —según quienes han leído la letra fina de la nueva ley de legalización de la marihuana— no habrá que pagar ningún impuesto de ese estilo cuando uno quiera comprar un porro.

El nuevo decreto reglamentario de la ley de legalización de la marihuana que entró en vigencia esta semana, convirtiendo a Uruguay en el primer país del mundo donde el gobierno no solo permite la marihuana sino que también la produce y la vende, ha desatado un debate tan feroz como el que tuvo lugar durante la discusión de la propia ley.

Apenas horas después de que el presidente José Mujica firmó el decreto reglamentario, los críticos señalaron que la nueva regulación no dispone que la marihuana sea gravada con el impuesto especial que se aplica a los productos no esenciales, conocido por sus siglas IMESI. Esto manda un mensaje equivocado, y contribuirá a crear un clima de aceptación social de la marihuana que generará mayor consumo de la droga, dicen los opositores. VER MÁS…

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