Perú: / La paradoja latinoamericana / Gino Costa

Durante la última década, la violencia y el crimen se incrementaron a lo largo y ancho de América Latina. Crecieron los homicidios, crecieron los delitos patrimoniales y las cárceles se sobrepoblaron.

Simultáneamente, la economía también creció y mejoraron los indicadores sociales. No solo el PBI y el PBI per cápita, sino también el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Tal repunte llevó a la reducción de los indicadores de pobreza, de pobreza extrema, de desempleo e incluso de la desigualdad.

El desempleo dejó de ser la principal preocupación ciudadana para ser reemplazada por la delincuencia. Este es el caso en las dos terceras partes de los países latinoamericanos.

¿Cómo explicar la paradoja de una notable mejora económica y social con el sostenido deterioro de las condiciones de seguridad? Este es quizás el principal objetivo del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado en Nueva York en noviembre del año pasado y el jueves último en Lima.

El esfuerzo estuvo dirigido por el académico y diplomático chileno Heraldo Muñoz, quien en unos días asumirá la cancillería de su país. Como director regional del PNUD, Muñoz convocó a un excelente equipo de especialistas, coordinado por el mexicano Rafael Fernández De Castro y que integraron, entre otros, los peruanos Carlos Basombrío y Lucía Dammert.

El informe sostiene que, pese a la mejora económica y social, los países de la región siguen siendo profundamente desiguales, su movilidad social permanece bastante baja y el empleo sigue siendo mayoritariamente precario.

En estas condiciones es difícil satisfacer las crecientes expectativas de consumo, incluyendo el de la nueva clase media, que, según el Banco Mundial, en su mayoría es vulnerable de volver a su condición de pobreza.

Este panorama se agrava con una realidad todavía inalterable para muchos jóvenes: el crimen es el complemento de un empleo mal remunerado, que les permite acceder a niveles de consumo que de otra manera no tendrían. El PNUD lo define como “delito aspiracional”.

En el Perú, el 89% de los presos sentenciados tenían empleo al ser detenidos, pero solo dos de cinco ganaban más de un sueldo mínimo. Esta precariedad está asociada a la poca calificación laboral y a la alta deserción educativa. En efecto, siete de diez presos no terminaron sus estudios.

La positiva evolución económica y social tampoco fue acompañada de mejores políticas e instituciones para prevenir y perseguir el delito. Subsisten la corrupción, la impunidad y la falta de profesionalismo. No existen, pues, los frenos adecuados para enfrentar la alta propensión a cometer delitos.

Dos décadas de crecimiento económico en el Perú, por ejemplo, no han sido suficientes para que el país se dote de un servicio público policial a tiempo completo. Tampoco para tener un sistema carcelario que reeduque y resocialice, en lugar de servir de reproductor de la violencia y el delito.

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