México: Desapariciones forzadas y control policial /  Ernesto López Portillo

Las autoridades en México no saben con qué frecuencia sus propios representantes o personas que actúan con la autorización de éstos privan de la libertad a personas de manera ilegal. No por otra cosa, el viernes pasado el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la falta de información estadística en México respecto al número de víctimas de este delito que es a la vez una grave violación a los Derechos Humanos. En cambio, lo que el organismo internacional sí alcanza a ver, según comunicó el viernes pasado, es que “hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. Nuestro gobierno, al día siguiente, en escueto comunicado básicamente desestimó el informe del Comité referido.

La imposibilidad material de saber cuántas desapariciones forzadas se han acumulado en México representa un arma de doble filo; por un lado, permite a las autoridades subdimensionar lo que para la comunidad nacional e internacional de los Derechos Humanos es un escándalo de proporciones históricas; pero, por el otro, desnuda al extremo la incapacidad del Estado mexicano para contenerse a sí mismo. Las cifras oficiales hablan de más de 23 mil personas cuyo paradero es desconocido, pero esa estadística no se desdobla en la identificación de los casos donde la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por las autoridades o por particulares, con la aprobación de ellas. El Comité mencionado de la ONU dice haber recibido información suficiente para identificar un contexto de desapariciones generalizadas en buena parte del país. Tal conclusión se alinea con la experiencia de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, mexicanas y extranjeras, las cuales han recogido miles de testimonios de víctimas que señalan como responsables a las autoridades, entre ellas la policía.

Uno de los temas que más trabajo nos ha costado subir al debate público que impulsamos con respecto a la crisis de las instituciones policiales, es el relacionado con la calidad de la supervisión en su despliegue operativo. Ha sido especialmente difícil socializar las implicaciones que supone la presencia de personas uniformadas y armadas, desplegadas en territorios urbanos y rurales sin operar bajo controles formales de supervisión. Las conductas criminales a manos de las y los policías afloran en contextos de operación casi totalmente al margen del control formal por parte de la institución de la que dependen. Y si bien esto no es novedad, lo que sí ha progresado es la articulación de la policía al crimen organizado, justamente desde donde se fraguan sin parar crímenes tales como la desaparición forzada. Si México no sabe contar sus desapariciones forzadas es en buena medida porque en general no sabe imponer estándares de supervisión operativa que permitan al Estado saber qué hacen los policías que dependen de él. En 2014 Insyde publicó el instrumento denominado Gestión Preventiva de la Detención. Registro Nacional de Incidentes de Custodia. La herramienta fija estándares sobre la detención y la custodia que ayudan a reducir riesgos de violaciones a los Derechos Humanos precisamente porque fijan un vínculo formal de control entre quienes usan el poder de detener y las instituciones de las que dependen. Si México quiere en serio abatir la desaparición forzada, seguramente logrará mucho si comienza por en verdad controlar a sus policías.

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