“Todo nos indica que las autoridades están cometiendo asesinatos extrajudiciales” / Roberto Valencia y Carlos Martínez

El doctor José Miguel Fortín Magaña, exdirector del Instituto de Medicina Legal, reconoce que algunos datos en los que se basó para asegurar que la Tregua entre pandillas era una farsa no eran, necesariamente, “científicos”. Lo intuyó. Sus últimos meses al frente de la institución lo llevan a aventurar otra intuición: hay un patrón en los asesinatos de pandilleros que hacen pensar que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada realizan ejecuciones extrajudiciales.

El psiquiatra forense José Miguel Fortín Magaña ya no es el director del Instituto de Medicina Legal. Laboró en la institución desde poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, y ocupó la dirección desde finales de 2010 hasta el último día de 2015; un lustro extraño, en el que primero le tocó vivir la drástica reducción en las cifras de asesinatos como consecuencia de la Tregua a un promedio de 6 diarios, y luego el posterior repunte brutal –promedio de 18 asesinatos al día en 2015– que ha convertido de nuevo El Salvador en el país más violento del mundo. VER MÁS…

 

Perú: Los costos de la delincuencia / Juan José Garrido

Cuando un emprendedor decide iniciar un negocio, por grande o chico que sea, usualmente traza un bosquejo de lo que serán los ingresos y costes, a fin de calcular los márgenes (y eventual futuro) del mismo. En su análisis incluirá los costos de materiales, servicios de terceros, personal, gastos administrativos y financieros, impuestos, y así. Eventualmente, si el emprendedor (potencial empresario) decide cubrirse ante potenciales contingencias, integrará una línea de “otros gastos”, donde recaerán todos aquellos expendios no imaginados al trazar el plan de negocios.

En la larga lista de eventos imprevistos se incluirán, sin dudas, los gastos incurridos por coimas, robos, extorsiones y otras formas de delincuencia y crimen organizado. En un país desarrollado, esos costes serán cercanos a cero. Pero en nuestro país, y con la actual ola de violencia e inseguridad (y regulaciones, ya que andamos en esas), esos costos no solo existen, sino que escalan cada día. ¿Cuánto suman? Pues lo suficiente para convertir ciertos negocios –rentables en el papel– en inviables. VER MÁS…

 

El Salvador: El auge de la violencia y el estancamiento económico van de la mano: ese es el círculo perverso que hay que romper / Editorial La Prena Gráfica

Está clarísimo que sólo se puede crecer cuando hay condiciones de seguridad para ello. Y también está clarísimo que sólo se puede contrarrestar de veras la violencia cuando el progreso social se posibilita con el crecimiento económico.

El Banco Mundial prepara un importante paquete de apoyo a El Salvador con miras a darles tratamiento a problemas que se manifiestan en el día a día de la realidad del país, y que mantienen a éste en condición de alto riesgo en todos los órdenes. El contenido del apoyo referido responde al diagnóstico que se ha hecho al respecto, y que evidencia, en primer término, lo que es característica fundamental de la situación que se enfoca: el hecho de que los diversos problemas están íntimamente vinculados. Esto lo hemos venido remarcando con insistencia, porque si la problemática general no es atendida con los diagnósticos adecuados y con los tratamientos pertinentes, siempre quedan cabos sueltos que acaban por desactivar la estrategia. VER MÁS…

El Salvador: Costos y beneficios económicos de la delincuencia / Rigoberto Palma

El problema de la delincuencia no es principalmente económico, sino humano. Sin embargo, vale la pena decir algo sobre el costo económico de ese acarrea, sobre quiénes lo pagan y sobre quiénes se lucran.

¿Quiénes pagan los costos de la delincuencia?

Las personas asaltadas en las calles o en sus casas. Cualquiera puede ser la víctima, pero son más vulnerables las personas pobres y de capas medias. Es muy difícil asaltar a un rico o a un millonario. Las personas atacadas física y mentalmente. Si esas personas son atendidas en un centro de salud privado, tienen que pagar dinero. También deben comprar medicinas y pagar un tratamiento médico, en caso de que lo necesiten. VER MÁS…

América Latina: Lucila Berniell: “El debate entre mano blanda-mano dura es ya caduco”

La inseguridad ciudadana es uno de los más graves problemas que afronta, de México a Argentina y de Brasil a Perú, América latina. Un problema medular que golpea muy directamente a la población.

De hecho, el 24% de los habitantes de Latinoamérica considera que la inseguridad es el principal problema que afecta a su bienestar, por encima del desempleo, la inflación o el desarrollo de servicios básicos como la salud o la educación. América latina es la región más insegura y violenta del mundo con tasas de homicidio de 28 por cada 100 mil habitantes y con tendencia no decrecientes.

El CAF –banco de desarrollo de América Latina- ha presentado su décimo Informe RED (Reporte de Economía y Desarrollo). En esta ocasión, el estudio analiza la situación de la región en temas de seguridad.

Bajo el título ‘Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito’, el documento propone un nuevo enfoque para la comprensión de la inseguridad y la violencia.  VER MÁS…

Venezuela: Perspectiva militar de la seguridad ciudadana

Uno de los problemas más graves de nuestra realidad actual es el carácter militarista del régimen, que bajo el eslogan de una revolución de izquierda, se ha instalado en el poder político. Este fenómeno puede también concretarse, y lo ha hecho, mediante la intervención abusiva de la institución militar en la vida civil. Desde el punto de vista jurídico, el militarismo es un asunto que repugna al estado democrático de derecho, pues los ciudadanos deben tener un gobierno civil, estar sometidos a la justicia ordinaria y a las instituciones civiles. De allí, que en un estado de derecho, los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, ni ser confinados a cárceles militares, ni a hospitales militares, ni ser custodiados ni garantizados en el ejercicio de sus derechos humanos por autoridades militares.

La protesta o manifestación y la seguridad, en general, son derechos de los ciudadanos en los que el estamento militar ningún papel ha de jugar, según las reglas del estado democrático de derecho. En este sentido, la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial 40.589 del 27 de enero de 2015, que paradójicamente fue dictada días antes el 23 de enero cuando se conmemoraban los 57 años de una gran manifestación ciudadana, por ende civil, que dio al traste con una dictadura militar, es una nueva demostración de que en Venezuela los ciudadanos están sometidos a un régimen militar. VER MÁS…

Brasil: ‘O foco da repressão ao tráfico deveria ser no crime violento’, diz especialista em política de drogas / Dandara Tinoco

Para Ilona Szabó, coordenadora da Comissão Global de Política sobre Drogas e Democracia e fundadora do Igarapé, regulamentar cultivo seria um choque para crime organizado

Regulamentar o cultivo de maconha para o uso pessoal “seria um baque para o poder do crime organizado”. A afirmação é de Ilona Szabó, coordenadora da Comissão Global de Política sobre Drogas e Democracia, onde trabalha ao lado de autoridades como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também fundadora do Igarapé, instituto dedicado às agendas de segurança e desenvolvimento, a cientista política comenta casos recentes de prisão de cultivadores classificados como traficantes, caso de André da Cruz Teixeira Leite, o Cert, um dos fundadores da banda de rap Cone Crew Diretoria, preso no fim de semana. Para ela, o foco da repressão ao tráfico deveriam ser crimes violentos. LEIA MAIS…