Perú: ¿Cómo acabar con las extorsiones? / Gino Costa / El Comercio

Las extorsiones se iniciaron en Trujillo hace varios años y luego se extendieron a Chiclayo. Hoy están en las principales ciudades de la costa norte, desde Chimbote hasta Tumbes. También han llegado a Lima y se extienden por el territorio nacional acompañando el boyante negocio de la construcción civil.

¿Es posible detener este fenómeno criminal? ¿Acabar con él? Por supuesto que sí. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo el camino que llevó, en diciembre del 2012, a la desarticulación de La Gran Familia, responsable del negocio en Chiclayo y, un año después, a la de su sucesora, El Clan del Norte. Estos golpes no terminaron con las extorsiones, pero permitieron conocer su modus operandi y demostrar que sus responsables no son invencibles.

Las extorsiones prosperan gracias a una mezcla de temor, pasividad, incompetencia, corrupción y abierta colusión de buena parte de las autoridades locales del sistema penal, responsables de hacerles frente. La detención del coronel Linares, jefe policial en Chiclayo, como presunto protector de El Clan del Norte, es la mejor demostración.

Por eso fue necesario constituir, desde Lima, y bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, equipos de fi scales y policías que hicieran, sin contacto con los actores locales, la investigación
en terreno. Premunidos de las herramientas que ofrece el injustamente cuestionado Código Procesal Penal (escuchas telefónicas legales, agentes encubiertos,levantamiento del secreto bancario, colaboración eficaz, entre
otras), bastaron tres meses para acabar con La Gran Familia, y otros siete para hacer lo propio con su sucesora.

Lo que se requiere es seguir golpeando lo que queda del negocio en Chiclayo, atacarlo de raíz en Trujillo y gradualmente hacer lo propio en el resto de la costa norte y en la industria de la construcción civil. Se necesitan para ello cuatro acciones simultáneas.

Primero, más recursos humanos, por ahora insufi cientes para un esfuerzo sostenido en varios frentes, sobre todo agentes policiales de inteligencia íntegros, bien preparados y adecuadamente remunerados, que trabajen de la mano con los fiscales especializados.

Segundo, ampliar la capacidad de escuchas telefónicas con la adquisición de nuevos equipos, garantizando el funcionamiento de los necesarios controles, de modo de asegurar su legalidad.

Tercero, garantizar que se mantenga la incomunicación telefónica de los principales cabecillas detenidos, para evitar que sigan operando desde los penales.

APOYO A LA FISCALÍA
Se requieren más policías que investiguen — Para investigar las extorsiones en el país, el MinisterioPúblico cuenta con el apoyo de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, que tiene actualmente
tan solo 60 agentes policiales de inteligencia e investigación. Urge ampliar esta capacidad.

LABOR DE INTELIGENCIA
La falta de centros de escuchas legales — Cuando la fi scalía requiere escuchas telefónicas recurre a la Dirandro, cuyos equipos se usan en el combate al tráfico ilícito de drogas y, por tanto, el acceso a ellos no es rápido ni fácil. Hay que incrementar los centros de escuchas legales.

Finalmente, y quizá lo más importante, constituir una instancia de conducción política de este esfuerzo, en el marco más amplio de la lucha contra el crimen organizado, que defina la estrategia, resuelva los problemas de
implementación y provea los recursos presupuestales. Debería ser dirigida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y los ministros del Interior,
Justicia y Economía y Finanzas; y estar adscrita al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) o al Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc).