Ante la constante repetición de actuaciones fallidas de la policía y los fuertes cuestionamientos respecto del uso de la fuerza, queda claro que México presenta un latente rezago en materia jurídica respecto al uso de la fuerza.
Al pensar en el ejercicio de la profesión policial, el imaginario colectivo normalmente lleva a dos vertientes: en la primera ocurre la idealización casi de ficción del profesional de la seguridad, incorruptible, siempre apegado a la ley y con la capacidad de reaccionar adecuadamente frente a los innumerables escenarios de comisión de delitos; la segunda, más recurrente, menos venturosa y recreada históricamente frente a un áspero contexto nacional y una cotidianidad de actuaciones poco acertadas, despliega una policía corrupta en la que persiste la impunidad, la represión y los abusos de autoridad.
La policía, como institución del Estado a cargo de salvaguardar la vida, seguridad y derechos de los ciudadanos, así como el orden y la paz públicos, exige la existencia de reglas claras y específicas que condicionen su actuar. Sin duda es el Estado quien debe proveer a sus instancias de mecanismos claros y regulados que sustenten el trabajo activo, sobre todo considerando que la capacidad de usar la fuerza puede subsanar una contingencia o agravarla. VER MÁS…
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